Mayo 2026. La protección del ecosistema digital del país no es tarea de una sola institución; exige un esfuerzo coordinado y transversal. Bajo esta mirada, la Mesa de Ciberseguridad del Sector Público, una iniciativa conjunta de la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y la Alianza Chilena de Ciberseguridad que se ha consolidado como un espacio estratégico clave, enfocado en generar capacidades técnicas reales dentro del Estado.
Más allá de los esfuerzos individuales, el valor de esta mesa está en la colaboración. El grupo ha logrado levantar un debate técnico de alto nivel y poner en marcha proyectos concretos para mejorar la resiliencia de las instituciones públicas, respondiendo de forma proactiva a las exigencias actuales en infraestructura crítica y gobernanza de datos.
Gestión en terreno: ¿Qué está haciendo la Mesa?
La gran fortaleza de este espacio es su capacidad de convocatoria y su liderazgo compartido. Hoy opera como un puente técnico indispensable, coordinado estrechamente entre la Contraloría General de la República, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y Alianza Chilena de Ciberseguridad, además de sumar la participación activa de ministerios y organismos públicos.
Esta alianza público-privada permite que las discusiones se traduzcan en acciones conectadas con la realidad del país. Sus hitos y actividades más recientes lo demuestran:
- Sesiones de trabajo y diagnóstico: Durante el período 2025-2026, la mesa coordinó 7 grandes hitos institucionales. Junto a la ANCI y la Contraloría, se inauguraron los seminarios de ciberseguridad del sector público y se levantó la mesa técnica de trabajo del gobierno central con ministerios claves para detectar necesidades prioritarias de capacitación.
- Extensión y capacitación con impacto: En abril de 2026 se realizó el 4º Seminario Presencial: «El impacto de un incidente de ciberseguridad en el Estado y su efecto en la confianza pública», que reunió a 548 asistentes (181 presenciales y 367 remotos). Además, el curso gratuito de «Phishing y Fraude Digital» ya cuenta con 3.075 profesionales del Estado aprobados.
La voz de la Mesa
«Para nosotros, el valor de esta mesa radica en conectar las capacidades del mundo privado y la academia con los desafíos reales de los organismos del Estado, construyendo un entorno público más resiliente. Este impacto es el resultado del trabajo conjunto que desplegamos codo a codo con la ANCI y la Contraloría, quienes validan e impulsan esta gobernanza».
— Ricardo Arancibia, CISO de la Contraloría General de la República y Líder de la Mesa del Sector Público (ACC).
Alcance e Instituciones Convocadas
Mientras que los seminarios masivos están abiertos a todo el aparato público, las mesas de trabajo específicas gestionan de forma directa la incorporación de 6 Ministerios clave junto a algunas de sus subsecretarías y organismos dependientes:
- Ministerio de Salud: Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Fonasa, Cenabast e ISP.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia: Subsecretarías de Evaluación Social, Servicios Sociales y de la Niñez; además de INJUV, Senama, Senadis y Conadi.
- Ministerio de Educación: Subsecretarías del área, Superintendencias de Educación y Educación Superior, Junaeb, Junji, Agencia de Calidad de la Educación, Biblioteca Nacional, ANID y Fundación Integra.
- Ministerio de Hacienda: Subsecretaría de Hacienda, SII, Servicio Nacional de Aduanas, Dipres y Tesorería General de la República (TGR).
- Ministerio de Justicia y DD.HH.: Subsecretarías del ministerio, Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Defensoría Pública, Gendarmería, Registro Civil e Identificación y SML.
- Ministerio de Economía: Trabajo enfocado prioritariamente en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De esta manera, la Mesa del Sector Público de la ACC no solo consolida una estructura de gobernanza robusta para el periodo 2025-2026, sino que establece una hoja de ruta clara para el futuro digital de Chile. Al unificar los esfuerzos de la ANCI, la Contraloría, los ministerios clave y el sector privado, el país avanza decidido hacia un Estado más resiliente, capacitado y preparado para proteger su infraestructura crítica. El desafío de resguardar la confianza pública está en marcha, demostrando que la ciberseguridad estatal ya no se gestiona de forma aislada, sino como un compromiso estratégico y colectivo.