Febrero 2026. Con la Ley Marco de Ciberseguridad (21.663) ya en vigencia, el ecosistema de ciberseguridad enfrenta ahora un desafío crítico: lograr que el marco regulatorio funcione en la práctica. En este contexto, la Alianza está llamada a ser un actor protagónico.
Tenemos por delante la tarea de apoyar y asesorar -con nuestro expertise y conocimiento técnico- en el proceso de aplicación operativa de la referida ley. Por lo mismo, durante el mes pasado (febrero) la Alianza entregó a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) una minuta técnica, elaborada por su plataforma estratégica legal y regulatoria, con una serie de recomendaciones estratégicas sobre la implementación de obligaciones a los OIV y la arquitectura del Reglamento de Certificaciones.
Desde la ACC, hemos planteado con claridad que la implementación debe resguardar tres principios estructurales: gradualidad razonable (con garantía en los plazos de adecuación de hasta 18 meses, además de una cláusula que garantice gradualidad para futuras calificaciones), neutralidad tecnológica (al impulsar regulación por objetivos y prohibir referencia a marcas) e interoperabilidad con estándares internacionales (al reconocer otros marcos reconocidos de forma global como ISO 27001, ISO 27032, NIST CSF 2.0, CIS, ENS España).
Chile ha construido su desarrollo digital sobre estas tres bases. Como Alianza, nuestra postura sobre el Reglamento de Certificaciones es que debiera consolidar ese enfoque, evitando caer en accionables que generen sobrecostos innecesarios o debiliten la competitividad del ecosistema digital.
A ello se suma un desafío estructural que no podemos eludir: el déficit de talento especializado. Según la Primera “Radiografía de la Educación Superior en Ciberseguridad” de la ACC con Equifax, solo el 17% de las instituciones de Educación Superior cuentan con una oferta académica con denominación en Ciberseguridad.
Lo cierto es que sin capital humano suficiente y adecuadamente formado, se hace difícil que un determinado estándar alcance su potencial. La política pública en ciberseguridad deberá considerar este eje como prioritario.
Estimamos que lo anterior abre una oportunidad para consolidar la ciberseguridad como política de Estado, transversal y estratégica , teniendo claro que lo que está en juego es la continuidad operacional del país y de las empresas, para así dar confianza digital a nuestros ciudadanos.
La ACC continuará aportando conocimiento técnico, experiencia práctica y una visión colaborativa para que esta transición fortalezca la resiliencia digital de Chile.
Marco Antonio Álvarez,
Presidente Alianza Chilena de Ciberseguridad